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El proyecto de revisión de la Ley de Procedimiento Penal de China se presenta para primera lectura

Edición 2026-11-05 · 08:00 Hora de Pekín

El proyecto de revisión de la Ley de Procedimiento Penal se presentó el 2 de noviembre para primera lectura ante el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, siendo la cuarta modificación de esta ley. El proyecto tiene 55 artículos y se centra en perfeccionar las medidas coercitivas personales, prevenir la prisión preventiva excedida, fortalecer la protección de los derechos de las víctimas y mejorar los procedimientos de interrogatorio de víctimas y testigos menores de edad.

La Ley de Procedimiento Penal fue aprobada en 1979 y fue objeto de revisiones relativamente integrales en 1996 y 2012, y de una modificación parcial en 2018. Al explicar la necesidad de revisar la ley, Shen Chunyao, director de la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, afirmó que la situación de los delitos penales en China ha experimentado cambios profundos: el número de delitos violentos graves y la tasa de penas severas han disminuido durante años, mientras que han aumentado los delitos leves y los delitos contra la propiedad.

El actual proyecto consta de 55 artículos. En cuanto a las medidas coercitivas personales, el proyecto establece claramente que la adopción de medidas coercitivas debe tener como fin garantizar el desarrollo normal del proceso y ser proporcional al peligro social del sospechoso o acusado, así como a la naturaleza y circunstancias del caso. El proyecto también define claramente la residencia vigilada como una medida alternativa para reducir la prisión preventiva, y establece que las personas sin residencia fija ya no serán sometidas a residencia vigilada en un lugar designado por los órganos de seguridad pública, sino a otras medidas coercitivas conforme a la ley.

También se perfeccionará el sistema de prisión preventiva. El proyecto añade disposiciones que establecen que, cuando el plazo de prisión preventiva esté a punto de superar la pena que podría imponerse, se deberá liberar a la persona o modificar la medida coercitiva. Los académicos consultados consideran que esto ayudará a reducir la tasa de prisión preventiva, disminuir los casos de prisión preventiva excedida y normalizar el ejercicio del poder judicial.

La protección de los derechos de las víctimas es otro foco principal. El proyecto establece que, si la víctima y su representante legal o parientes cercanos no han designado a un representante procesal por razones específicas, podrán solicitar asistencia jurídica conforme a la ley; en los casos que solo se tramitan tras denuncia, si la víctima tiene dificultades reales para presentar pruebas, el tribunal podrá solicitar asistencia a los órganos de seguridad pública.

El proyecto también fortalece la protección de los derechos e intereses de los menores, exigiendo que, al interrogar a víctimas y testigos menores de edad, se preste atención a proteger su privacidad y reputación, que el interrogatorio se complete preferiblemente de una sola vez y que se eviten interrogatorios repetidos que causen un daño secundario.

Fuentes originales

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